La normatividad legal vigente pide que la reforma del Manual de Convivencia se incluya lo concerniente a las políticas y criterios institucionales para la prevención de toda forma de violencia en la institución educativa, así como los comportamientos discriminatorios que se deben clasificar según su gravedad y deben ir explícitas las sanciones o las consecuencias que se sigan de ellas.
En un colegio confluye diariamente la diversidad: de culturas, razas, géneros, ideologías, creencias, edades, identidades sexuales, entre otras, inherentes a las personas. Y en un lugar en donde se establecen múltiples relaciones entre actores diversos, que buscan un mismo fin educativo, pero que en el trayecto de alcanzarlo divergen en multitud de aspectos, es imperativo que exista una serie de acuerdos mínimos, que contribuyan a crear climas escolares en donde se saque el mejor provecho del ejercicio pedagógico.
La definición de dichos acuerdos de manera participativa debería ser el eje principal de los manuales de convivencia. Sin embargo, en la práctica, en muchos colegios son documentos que contienen una lista de prohibiciones para los estudiantes, con sus respectivas sanciones, definidas de manera unilateral; al que deben acogerse los alumnos por temor al castigo, más que por una apropiación crítica y reflexiva de lo que contiene. En este sentido, es frecuente que frente a una falta o a una situación que afecta la convivencia, los colegios se limitan a aplicar la sanción que corresponde según dicha falta sea leve, grave o muy grave, y poco atienden al desarrollo de acciones pedagógicas o estrategias que permitan restablecer las relaciones entre los actores involucrados.
Entonces, se requiere un cambio de perspectiva frente a lo que el manual de convivencia significa, para lograr que trascienda de un documento inflexible y terminado, hacia un proceso de construcción y actualización colectiva. Ante todo, es necesaria una transformación de la cultura institucional, cuando en la práctica esta no se basa en los principios de participación democrática.
La importancia y necesidad de este cambio de perspectiva no se fundamenta solamente en un marco legal y jurisprudencial que lo exige, sino también en razones inherentes a la función de la educación: el desarrollo de los individuos de manera integral, que aprendan, pongan en práctica y defiendan los principios de un Estado democrático y de la participación ciudadana.
